El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la condena de prisión perpetua y las agravantes por violencia de género, por el vínculo de pareja y por ensañamiento al autor del homicidio de Patricia Parra, ocurrido en Cervantes el mediodía del 10 de octubre de 2018.

En la misma sentencia el Tribunal encomendó al Ministerio Público Fiscal y a la Dirección de Oficinas Judiciales que en el futuro utilicen la denominación “femicidio” para caratular los legajos referidos a homicidios cometidos en contexto de violencia de género, tanto a los fines de un mejor seguimiento estadístico de esos delitos como para “visibilizar” el flagelo en la provincia.

José Forno, Aníbal Meneses y Pablo Muñoz fueron detenidos este mediodía por resolución del tribunal que llevó adelante el juicio por asociación ilícita en el que fueron condenados a penas de 30, 25 y 23 años respectivamente.

Los jueces admitieron el reclamo de la fiscalía y de la querella por el incumplimiento de las pautas de conducta impuestas el 11 de junio. A los tres les dictaron prisión preventiva por el plazo de un año.

Según la resolución,  quedó probado en la audiencia que se hizo el lunes que el 29 de julio Forno estuvo sin conexión en su dispositivo electrónico por el plazo de dos horas. Separó su pulsera del aparato receptor o unidad de rastreo. Los jueces descartaron el descargo que hizo el propio Forno que primero versó sobre un supuesto hurto del aparato para luego explicar que se había olvidado el dispositivo en su domicilio.

Una sentencia de primera instancia que aún no está firme porque puede ser apelada por las partes fijó una indemnización en más de un millón y medio de pesos para un hombre que circulaba en un Renault 12 y fue embestido por la conductora de una camioneta Isuzu, quién no respetó la prioridad de paso de la derecha. El coche giró en trompo y en su derrotero impactó contra una vivienda.

El accidente ocurrió en la esquina de las calles Don Bosco y Chile de Cipolletti.

Se realizaron reuniones con las unidades de Planificación de Auditoría Judicial General y la Secretaría del Consejo de la Magistratura para avanzar en la definición de proyectos de Planificación.

Participaron los referentes de cada área y los técnicos del Centro de Planificación Estratégica para avanzar en los primeros tres proyectos consensuados.

Luego de la realización del juicio oral y público y de efectuar el análisis de los elementos probatorios reunidos, el juez de Juicio Marcos Burgos, dio lectura al veredicto que declara responsable a Manuel Tabachnik, abogado, como autor del delito de lesiones leves, agravadas por el vínculo y por haber sido efectuadas en contexto de violencia de género. En la misma resolución el hombre imputado fue absuelto por el delito de amenazas. En los próximos días se realizará la audiencia de cesura.

En ese lineamiento, Burgos consideró que están verificados en el caso los dos extremos que requiere la configuración de la agravante, esto es, la relación interpersonal y el aprovechamiento de esa situación de superioridad por parte del encausado que el género le atribuye para desplegar la conducta y el consecuente estado de vulnerabilidad que se refleja en la víctima.

Una magistrada de Cipolletti confirmó la prisión preventiva por el plazo de un año que había recaído sobre Irene Méndez, declarada responsable del homicidio calificado de Eduardo Honores que ocurrió el 7 de mayo de 2017 en Cipolletti.

La mujer agotó los plazos de prisión preventiva y durante el proceso accedió a la prisión domiciliaria  con monitoreo pero, camino a la comisaría donde además debía presentarse a firmar, se quitó el dispositivo y se fugó.

El Superior Tribunal de Justicia designó al Juez del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3 de Bariloche, Santiago Morán, como juez de amparo del elector de los comicios municipales convocados para el 1 de septiembre.

Los jueces de amparo al elector solo actuarán a los fines de garantizar el derecho a sufragar.

La solicitud fue realizada por el Tribunal Electoral Provincial, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 12, 13 y 224 de la Ley Electoral, N° 2431.

Contemplando el daño moral y el lucro cesante sufrido por un grupo familiar, se hizo lugar a una demanda por Daños y Perjuicios que condenó a un vecino de Bariloche y a su empleador, titular del automotor que conducía, a indemnizar a una mujer y sus hijas con la suma de $1.680.000 en concepto de capital, más los intereses que correspondan.