En los últimos 12 meses se celebraron 3891 audiencias penales. Se trata del primer año completo de la implementación de la Reforma Procesal Penal, un paso fundamental de una serie de reformas paradigmáticas en el acceso a justicia y en la aplicación de los procedimientos. La Reforma que implicó una mayor celeridad y transparencia, ya que todas las instancias del proceso penal se resuelven en audiencias orales y públicas. 
El plazo de 94 días debe computarse desde la audiencia de imputación hasta una resolución que de finalización al caso: ya sea suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado, debate tradicional, absolución. 
Darle mayor celeridad a los procesos era uno de los objetivos de la Reforma Procesal Penal, que se cumplió. El otro era la mayor transparencia que otorgan las audiencias orales y públicas en todas las instancias del proceso, y no solo en el juicio, como era antes. 
Otra clave del sistema es que la investigación está a cargo exclusivamente de los Fiscales. El nuevo sistema profundiza la solución alternativa de conflictos mediante criterios de oportunidad como conciliación y mediación; con estos mecanismos el Ministerio Público Fiscal propicia la pronta resolución y satisfacción del interés de la víctima. 
Además, el nuevo paradigma fomenta la participación ciudadana y una mayor transparencia. Todo el proceso desde la formulación de cargos hasta la sentencia se realizará en audiencias orales y públicas, que quedarán registradas en audio y vídeo por lo que se elimina el uso del papel y se le impone una mayor celeridad. 
El nuevo código impone plazos breves e improrrogables para cumplir cada etapa del proceso hasta su finalización. Este punto también colabora con una mayor rapidez en la toma de decisiones, como se verificó en las estadísticas. 
La próxima etapa de la Reforma Procesal Penal llegará en marzo de 2019. En esa oportunidad, cuando la fiscalía solicite más de 12 años de prisión para el acusado de un delito, el juicio oral y público se realizará mediante jurados populares, participando directamente los ciudadanos en la definición de los conflictos penales más graves.