La actividad es organizada de manera conjunta por la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación Judicial como parte de su planificación anual de formación.
“La implementación de este tipo de talleres es una decisión política, un mensaje político institucional alentador para quienes integramos el Poder Judicial”, sostuvo Beatriz Mosqueira, coordinadora de la Oficina de Género.
“En los temas de género tenemos la sensación de que estamos un paso atrás y esto nos indica que necesitamos entrenamiento, formación y revisión de prácticas porque el tema está ausente en las currículas de las escuelas y de las universidades. Pero ahora el Poder Judicial nos dice que avancemos sobre esto, que dediquemos tiempo a la capacitación porque es trabajo y es una obligación para quienes integramos el Estado”, sostuvo Beatriz Mosqueira.
Agregó: “tener la posibilidad de capacitar a cada una y uno de ustedes es importante porque son quienes están en contacto con la gente, reciben y perciben. Tenemos que entender que este es el camino. Somos una institución con mucho por acomodar pero somos producto de nuestra historia y de la cultura y cada uno de nosotros, con diferentes responsabilidades, determinamos y conformamos esta institución”.
Pablo Zille, inspector de Justicia de Paz, también participó de la apertura del taller y destacó que tanto los Juzgados de Paz, como las Oficinas de Atención al Ciudadano y Casas de Justicia “están vinculadas en la función que tienen con el Acceso a Justicia”. Recordó que la medición que hace la Comisión Nacional de Acceso a Justicia coloca al Poder Judicial de Río Negro como una de las instituciones con mayor cantidad de servicios. “Tenemos un total de 14 sobre 16 servicios que se miden y eso habla muy bien de nosotros porque estamos a la vanguardia de estos sistemas multipuertas que son el norte a seguir en todos los sistemas judiciales y es la política que persigue el STJ”, puntualizó.
La participación tiene carácter obligatorio para magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas del Poder Judicial, según lo dispone la Acordada que en su artículo 1° expresa: “Establecer que las capacitaciones que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Género del Poder Judicial, en Perspectiva de Género y Derechos Humanos tienen carácter obligatorio para quienes resulten destinatarios o destinatarias de las mismas de acuerdo a la modalidad que reglamente el Superior Tribunal de Justicia”, sobre la base de la “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.