La Acordada 21/2019, dictada por el Superior Tribunal de Justicia, aprobó el nuevo organigrama de la Oficina, incorporando un cargo de Director o Directora, en respuesta al “crecimiento exponencial que ha tenido el organismo en cuanto a sus labores cotidianas”.
Para tomar la decisión el STJ evaluó los informes estadísticos, actividades organizadas y proyectos presentados por la Oficina en el último tiempo y verificó que su actual estructura “no se ajusta desde lo orgánico-funcional a la totalidad de las funciones que en la práctica absorbe dicha oficina”.
Vulnerabilidad y acceso a Justicia
Con la nueva estructura se prevé que la Oficina “atenderá al requerimiento de toda la Provincia en lo atinente a la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer cotidiano de los distintos organismos de este Poder Judicial y en cuestiones referidas a la accesibilidad a justicia de todas las personas consideradas vulnerables según las Reglas de Brasilia”.
Las Reglas de Brasilia definen como personas en condición de vulnerabilidad a todas aquellas “que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Indica que “podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad”.
Evolución
En 2011 el Poder Judicial de Río Negro creó su primera “Oficina de la Mujer” y en 2015 se reemplazó esa denominación por “Oficina de Género”, por ser un concepto más amplio orientado a la detección y erradicación de todas las formas de discriminación por razones de género en el Poder Judicial, tanto en el ámbito interno como en la prestación del servicio a la ciudadanía. En aquella oportunidad, además, se amplió la estructura de la Oficina, asignándole la tarea de promoción y accesibilidad a justicia de las personas con discapacidad.
Ahora, la Acordada 21/2019 destaca otras múltiples formas de discriminación que requieren “acciones conducente para facilitar el acceso a justicia” a todos los “grupos poblacionales más vulnerados”, especialmente los reconocidos en las Reglas de Brasilia. Ese es el fundamento central del cambio de denominación, puesto que las acciones de la Oficina “comprenden un gran abanico de situaciones que implican una intervención en materia de capacitación, sensibilización y difusión a partir de un enfoque de género en clave de Derechos Humanos”.
A ello se suma que la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de Derechos Humanos requieren “dar continuidad a la política llevada adelante por el Superior Tribunal de Justicia en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, extendiéndola a los demás Derechos Humanos en todas las acciones del Poder Judicial a partir de medidas, políticas públicas, programas y acciones concretas”.
Nueva estructura
La Acordada suma a la Oficina una “Dirección”, que se mantendrá dependiente del STJ, con asiento de funciones en Viedma y competencia en todo el territorio provincial.
El organigrama se completa con las funciones que ya existían: una Coordinación, un Área de psicopedagogía, un Área de asistencia social, un Área de terapia ocupacional, un Área técnico-administrativa y un Cuerpo de replicadores.
Actualmente la Oficina está a cargo de la jueza del Superior Tribunal de Justicia Adriana Zaratiegui y es coordinada por la profesora Beatriz Mosqueira.