El juez inicialmente hizo un repaso de los distintos decretos nacionales y provinciales en el marco de la pandemia. Recordó que el primer decreto nacional, luego replicado y extendido en su plazo, estableció que se encontraban exceptuados, entre otros, el “Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes”.

Luego analizó las distintas medidas para la “paulatina puesta en marcha del Servicio de Justicia” que implementaron “el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General entre ellas, teletrabajo de magistrados, funcionarios y empleados en mínima cantidad, Mesa de Entrada de Escritos Digitales, audiencias remotas”, entre otras.

“Asimismo se diseñó un Protocolo de Seguridad e Higiene”, añadió, y “no puede soslayarse tampoco que mediante la Acordada citada se exceptuó de las tareas presenciales a las localidades de Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Fray Luis Beltrán, Choele Choel, Lamarque y Pomona”.

Finalmente, respecto al fondo de la cuestión, el juez analizó que las medidas del STJ y la Procuración General “han sido dispuestas en el marco de las previsiones del art. 6 del Decreto 297/2.020 y en consonancia con las dispuestas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud, dentro del marco de facultades propias de dirección y gobierno del Poder Judicial conforme art. 206 de la Constitución Provincial”.

“La primera conclusión que extraigo es que no se observa ausencia de legalidad en la Acordada 15/2.020 puesta en crisis”, explica el fallo. Para el juez, la norma se “encuentra debidamente respaldada en el aspecto formal por recaudos de seguridad armónicos con el marco legal de flexibilización de la cuarentena y excepciones legales al aislamiento social, preventivo y obligatorio”