Según puntualiza la norma, los Juzgados de Paz dejarán de cobrar los aranceles por diligenciar mandamientos de jurisdicción provincial dentro y fuera del radio urbano de los Juzgados, incluidos los correspondientes a secuestros, desalojos u otras medidas especiales. Tampoco se percibirán más aranceles por el diligenciamiento de cédulas de notificación de jurisdicción provincial, tanto dentro como fuera del radio urbano de los Juzgados, incluyendo las notificaciones de traslado de demanda, notificaciones de sentencias o de reconocimientos.
Por último, se exime de aranceles el diligenciamiento oficios de prueba y por audiencias o diligencias a realizarse fuera de la sede física de los Juzgados de Paz.
Esos trámites, de acuerdo con la última actualización de aranceles definida en 2019, tenían un costo de entre 500 y 2500 pesos, por lo que la Resolución implica una importante reducción de los costos de litigación para la ciudadanía.
La medida se hizo eco de una propuesta enviada al STJ a finales de abril por el Colegio de Abogados Alto Valle Oeste, en la que se solicitó igualar la gratuidad de las notificaciones entre las localidades con y sin Oficinas de Mandamientos y Notificaciones. Antes de resolver, el Superior Tribunal pidió informes a la Inspección General de Justicia de Paz y a la Contaduría General, y tras evaluar positivamente la viabilidad de la medida, resolvió por Acuerdo dejar sin efecto esos aranceles a partir del 7 de junio.
Cabe señalar que la derogación de aranceles no alcanza a las notificaciones y diligenciamientos de mandamientos y oficios conocidos como "de extraña jurisdicción", que son los que provienen de organismos judiciales de otras provincias y que deben diligenciarse a través de los Juzgados de Paz. En esos casos se mantienen los costos definidos en la Ley Impositiva Provincial vigente.