En primer lugar, el defensor oficial de la mujer, Eduardo Luis Carrera, no cuestionó el veredicto del jurado pero sí el monto de la pena que estableció posteriormente -en el juicio de cesura- el juez profesional Gastón Martín. Consideró “excesiva, injusta y desproporcionada” la pena aplicada y solicitó que se reduzca la condena al mínimo legal, que es de 6 años y 8 meses de prisión.
Contra ese pedido, los fiscales jefes Andrés Nelli y Santiago Márquez Gauna pidieron al Tribunal de Impugnación que confirme íntegramente la pena definida por el juez de la cesura.
En tanto que el defensor particular Carlos Vila, en representación de Erbin, impugnó la totalidad del juicio contra su defendido y pidió la nulidad del veredicto del jurado y la realización de un nuevo juicio oral y público. Su argumento central es que habría existido una violación de garantías constitucionales de defensa en juicio del imputado, especialmente al brindarse las instrucciones de deliberación al jurado y al no admitirse la figura atenuada de “homicidio preterintencional” entre las opciones de condena que podía emitir el tribunal popular.
Los fiscales también se opusieron al planteo por razones tanto procesales como de fondo.
El Tribunal de Impugnación, presidido en este caso por la jueza Rita Custet Llambí e integrado por los jueces Carlos Mussi y Adrián Zimmermann, anunció que emitirá su sentencia dentro del plazo legal de 20 días hábiles que le otorga el Código Procesal Penal.