Con la declaración de culpabilidad por el delito de abuso sexual agravado, comienzan a computarse los plazos para el ofrecimiento de prueba y la realización de la segunda fase del juicio que es la cesura para la aplicación de la pena. La calificación contempla una escala que va desde los seis hasta los 15 años de prisión.
Según la denuncia de la víctima, el 18 de noviembre de 2020 ella había asistido a un turno programado con su odontólogo. Una vez en el consultorio de la calle Mengelle de Cipolletti, el profesional cometió el abuso sexual. Después se subió a su camioneta y manejó en dirección a la ruta 151. La mujer pidió ayuda, intervino la policía y el hombre fue detenido.
Estuvo con prisión preventiva domiciliaria y llegó al juicio monitoreado por un dispositivo electrónico.
El tribunal se conformó con los jueces Marcelo Gómez y Julio Sueldo y con la jueza María Florencia Caruso. Por la fiscalía intervinieron el fiscal Santiago Márquez Gauna y la fiscala adjunta Anabella Camporesi. La querella estuvo a cargo del abogado Diego Quiroz en representación de la víctima y el acusado Mariano Marqués fue asistido por Pablo Iribarren y Oscar Pineda.
El control de acusación comenzó en junio y en octubre la Oficina Judicial fijó fecha para el debate. Es decir que el proceso se resolvió dentro del plazo de un año.
Un informe de la Dirección de Oficinas Judiciales arrojó como resultado que, en promedio, durante la pandemia los procesos penales en Río Negro duran 120 días hábiles desde la audiencia de formulación de cargos hasta la sentencia de primera instancia.
Si se cuentan los días corridos, el promedio desde la formulación de cargos es de 194. Los procesos con sentencia más cortos son los juicios abreviados: promedian 130 días corridos. Además de su menor duración, permiten que la sentencia quede firme desde el mismo día que se dicta la condena.
En cambio, los casos como el que se juzgó en este debate oral y público promedian 251 días corridos. En todos los legajos, si se contabilizan solo días hábiles, es un tercio menos.
La celeridad en el proceso está relacionada con la reforma integral del sistema que tuvo como punto de partida el nuevo Código Procesal Penal. Su implementación comenzó hace poco más de 4 años, luego de una ley aprobada de manera unánime por la Legislatura. El Poder Judicial lo puso en marcha con una fuerte inversión en tecnología para acondicionar salas de audiencias al sistema despapelizado.