La vivienda en la que habitan actualmente en Cipolletti, y que es sede del conflicto, pertenece al grupo familiar. Mientras que la joven argumentó que ella tiene el permiso de su abuelo para residir allí, su padre se adjudica la titularidad y pretende echarla.

El hombre denunció a su hija por violencia familiar y solicitó como medida cautelar la exclusión del hogar. El juez de Familia dictó una prohibición de acercamiento recíproca por un plazo de 90 días y bajo apercibimiento de arresto por tres días. 

Fundó su decisión en la situación de vulnerabilidad de la denunciada y en la necesidad de no agravar el conflicto familiar y proteger el interés superior de la niña que puede verse afectado por la decisión.

También se dispuso que previo a efectuar la medida de exclusión, el denunciante debía proponer un lugar de residencia alternativo para su hija y su nieta.

A raíz del conflicto, el hombre se mudó provisoriamente a una vivienda prestada. Luego apeló la resolución. Consideró que la decisión del juez excedía sus posibilidades materiales ya que se encontraba desempleado y sin ingresos. También planteó que había residido en esa casa desde que nació y que ahora pretendía la restitución. 

La apelación fue rechazada con el argumento de que “no se evidencia un perjuicio concreto o de imposible reparación ulterior que el incumplimiento de la medida ordenada le pudiera generar al apelante”.