Con los dos nuevos cargos, el Consejo de la Magistratura reforzó el plantel para los procesos de mediación y autocomposición de conflictos en las regiones del Alto Valle y Valle Medio. Además se encuentran en trámite, en la instancia de examen escrito, otros concursos que prevén la incorporación de Defensores Titulares de Métodos Autocompositivos para Bariloche y Viedma.
La abogada María Laura Rodríguez Palmieri y el abogado Pablo Zille tendrán como funciones la coordinación del trabajo de los Defensores y las Defensoras Adjuntas de sus respectivas Circunscripciones (son 11 en la Segunda y 7 en la Cuarta), quienes actualmente representan en los procesos de mediación a las personas que necesitan de la defensa pública por sus dificultades económicas o sus particulares situaciones de vulnerabilidad.
Otra función clave será la articulación del trabajo de la defensa pública con la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos y sus Centros Integrales y Delegaciones que funcionan en la Segunda y Cuarta Circunscripción.
La designación de Rodríguez Palmieri fue por el voto mayoritario del Consejo para la postulante, quien obtuvo una calificación de 40 puntos en la entrevista personal y un total de 92,25 puntos finales en el concurso público de oposición y antecedentes.
La designación de Zille fue unánime. El abogado, quien actualmente se desempeña como Inspector de la Justicia de Paz, obtuvo 40 puntos en la entrevista personal ante el Consejo y un total de 90,5 puntos generales en el concurso.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo, Sergio Barotto, dirigió la sesión. Participó además el Procurador General, Jorge Crespo, de quien depende el Ministerio Público de la Defensa.
El Consejo se completó en Roca con los legisladores Lucas Pica, Facundo López y Pablo Barreno, por las abogadas Maria Gabriela Lastreto y Verónica Fuentes y el abogado Nicolás Díaz. En Cipolletti se integró con los legisladores Pica, López y Marcelo Mango y las abogadas Marcela Sosa y Marcela Roca y el abogado Pablo Luppi por el Colegio profesional.
Acceso a justicia
El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General del Poder Judicial vienen reforzando la estructura de la Defensa Pública para el asesoramiento jurídico de las personas que asisten a mediación en busca de resoluciones pacíficas a sus conflictos y que no cuentan con recursos suficientes para afrontar los honorarios de un abogado o abogada particular. Cabe recordar que los honorarios de los mediadores y las mediadoras son afrontados por el Poder Judicial.
Las estadísticas oficiales indican que alrededor del 80 por ciento de los más de 5.000 conflictos que se sustancian anualmente en el sistema de mediación prejudicial requieren del asesoramiento de la Defensa Pública para una o para las dos partes que intervienen en el proceso.