La Acordada se integra con un temario de contenidos mínimos que deberá ser incluido en los programas de evaluación. En la primera parte del temario se señalan conceptos como “sistema patriarcal y androcentrismo”, “desigualdad estructural”, “brechas de genero” e “interseccionalidad”, entre otros. En la segunda parte se establecen como contenido las normas provinciales, nacionales e internacionales que conforman el principal “marco normativo sobre los Derechos Humanos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+”. El tercer punto se refiere a “la perspectiva de género como política institucional en el Poder Judicial de Río Negro”.
Cabe señalar que el Consejo de la Magistratura es un organismo constitucional que no depende del Superior Tribunal de Justicia, sino que se integra con representantes del Poder Judicial, el Poder Legislativo y los colegios de profesionales de la Abogacía. Es por eso que la Acordada “solicita” a ese cuerpo la incorporación de la Perspectiva de Género en clave de Derechos Humanos en los exámenes de oposición que deben aprobar quienes concursan por titularizar juzgados, fiscalías, defensorías y secretarías.
Los fundamentos
La Acordada explica que Argentina ha incorporado a sus leyes internas importantes normas internacionales contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Convención de Belem Do Para y la Cedaw. Esas leyes comprometen al Estado a promover “medidas específicas” para fomentar el acceso de las mujeres, diversidades y disidencias a una vida libre de violencias y a “adoptar medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres”.
Hacia el interior del Poder Judicial, esas medidas se han convertido en una política pública “institucional y transversal” del STJ, que incluye la capacitación sostenida y obligatoria para sus agentes, el afianzamiento de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial con sus múltiples funciones y el dictado de protocolos específicos para el abordaje de las violencias, entre otros.
Por eso, resulta “acorde con dicha política determinar que quienes se encuentren concursando para ingresar a este Poder Judicial, o para ascender dentro de la carrera judicial, demuestren conocimientos respecto de la perspectiva de genero en clave de Derechos Humanos, indistintamente del fuero, instancia y/o escalafón en el que se desempeñen o pretendan desempeñarse”, dice la Acordada.