En plena pandemia, comenzó a funcionar el Registro Digital de Auxiliares Externos del Poder Judicial como único sistema que nuclea peritos, peritas y martilleros y martilleras. En la actualidad ya cuenta con 226 personas inscriptas.

El año de pandemia también significó avances importantes en el ámbito judicial. Uno de ellos fue la puesta en marcha del primer Código Procesal de Familia de la provincia.

En el año de la pandemia, en el Poder Judicial de Río Negro se implementó el expediente electrónico. Así la digitalización se impone a la totalidad de los procesos judiciales de los fueros Civil, Laboral, de Familia y Justicia de Paz, y se utiliza desde el inicio de la tramitación hasta la sentencia. Río Negro es la tercera provincia en implementar este sistema de manera total.

De acuerdo a un Mapa Judicial elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, dependiente de la Corte Suprema, El Poder Judicial de Río Negro es, en el contexto nacional, la segunda jurisdicción provincial que cuenta con más mecanismos de acceso a justicia. El informe, que se actualiza de manera permanente, es de acceso público.

Durante la pandemia, el Poder Judicial de Río Negro fue el primero en el país en implementar de manera remota las mediaciones y demás métodos autocompositivos durante la pandemia.

El informe

En efecto, sobre un total de 13 servicios que la Corte Suprema evalúa, Río Negro cuenta con 10. El promedio provincial es de 6,28 sistemas de acceso.

De acuerdo a lo relevado por el mapa nacional, el Poder Judicial de Río Negro cuenta con los servicios de mediación, facilitación, conciliación, Casas de Justicia, Oficina Multipuertas, servicios itinerantes, Oficina de Atención a la Víctima, Juzgados de Paz, Oficina de Atención al Ciudadano, Protección y Restitución de Niños, junto a otros sistemas.

Los mecanismos de acceso a justicia más extendidos en el país, según el informe de la Corte, son la Protección y Restitución de Niños, la mediación y los jueces de paz. Más de 21 provincias ya tienen estos servicios. En cambio, la facilitación, la oficina multipuertas y los servicios itinerantes solo son sistemas utilizados por seis provincias o menos, entre ellas Río Negro.

Según expresa la Corte Suprema, “el concepto de “Acceso a justicia” es más amplio que el de “acceso a la justicia” ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas de disputas. Las políticas judiciales tendientes a garantizar el acceso a justicia de las poblaciones más vulnerables se centran en ofrecer a la ciudadanía una variedad de métodos de resolución alternativa de conflictos con el objeto de que los propios afectados puedan encontrar vías de solución de disputas sin necesidad de que ello implique la apertura de un proceso judicial, que por lo general es largo y costoso”.

Para la Corte es una línea de trabajo sumamente por importante, por lo que creó la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ), bajo su órbita.

Para dar cumplimiento a esos objetivos, la CNAJ elaboró ―en la primera etapa de su trabajo― un Mapa Judicial que contiene un exhaustivo relevamiento (actualizado periódicamente y disponible a través de la web) de los diversos métodos de acceso a justicia existentes en todas las jurisdicciones del país y los resultados obtenidos en su aplicación.

En la segunda etapa para cumplir los objetivos fijados por la CNAJ, se realizó la difusión de todas las prácticas, con sus características y resultados. De esta manera, los jueces, el Ministerio Público y la ciudadanía en general tuvieran conocimiento de los distintos sistemas que en materia de acceso a justicia se estaban desarrollando, especialmente de aquellos que han arrojado resultados favorables.

Se llegó así a la tercera y última etapa, que consiste en el diseño e implementación de las experiencias más exitosas. A tal fin se conformó un grupo de trabajo integrado por secretarios de los superiores tribunales provinciales, que actúan de nexo entre la CNAJ y esos tribunales en la coordinación de acciones conjuntas tendientes a la puesta en práctica de sistemas concretos en cada una de las jurisdicciones.

El mapa de situación elaborado permite acceder de manera rápida a la información existente (y actualizada en forma permanente) sobre los métodos de resolución alternativa de conflictos implementados en el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como local, y efectuar análisis y comparación de datos a fin obtener un conocimiento integral de la situación, optimizar las experiencias llevadas a cabo hasta el momento y mejorar el servicio al ciudadano.

En su momento, en la presentación del mapa, la Jueza de la Corte Suprema, doctora Elena Highton de Nolasco, expresó que “es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio. Acceso a justicia no implica acceso a una sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías”.

Una empresa alquiló un galpón en un predio de Cipolletti y no abonó la locación por el plazo de dos años. El propietario promovió una demanda civil y consiguió un resarcimiento que incluye además los impuestos y los gastos de reparación. La indemnización supera el millón de pesos.

El chofer y el propietario de un taxi de Cipolletti fueron condenados a indemnizar por más de 200 mil pesos a una pasajera que sufrió lesiones en un incidente vial. El hecho ocurrió en la intersección de Arenales y Manuel Estrada. El conductor, encontrado civilmente responsable, no respetó la prioridad de paso y fue embestido por un Peugeot.

Un operario de una empresa sufrió un incidente vial cuando se dirigía desde su casa al trabajo en bicicleta. Le diagnosticaron fractura de tabique y pérdida de piezas dentarias. La ART lo indemnizó por una incapacidad laboral mínima pero luego de judicializado el caso, un fallo incrementó el monto en más de 400 mil pesos.

Trabajadores y trabajadoras de distintos rubros y oficios consiguieron, en el año de la pandemia, fallos judiciales favorables que les permitieron continuar con sus labores. Los reclamos cursaron a través de medidas autosatisfactivas basados en el decreto nacional que prohibió los despidos por la situación epidemiológica.

Un trabajador de Cipolletti reclamó la cobertura en concepto de accidentes personales luego de que lo atacara un perro Rottweiler. El animal le provocó lesiones en el tórax, abdomen y en la mano izquierda. Y la aseguradora le atribuyó unilateralmente un porcentaje de incapacidad que no correspondía. Un fallo civil fijó una indemnización de 210.428 pesos.

La construcción y remodelación edilicia forma parte una política pública trazada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para consolidar el patrimonio del Poder Judicial, con el objetivo de contar con inmuebles propios, adecuados a la función judicial, al trabajo de las y los agentes judiciales y a la mejor atención de la ciudadanía.