Una mujer dedicó la mayor parte de su vida a las tareas de cuidado y crianza de sus siete hijos y al trabajo doméstico no remunerado. Durante 50 años, su esposo se desentendió de esas responsabilidades. Las asimetrías económicas que existían durante la convivencia, afloraron con el divorcio. Un fallo del fuero de Familia ordenó una compensación económica para la mujer en procura de equilibrar las posiciones.
Producido el divorcio, la mujer quedó en total desamparo económico. No tuvo posibilidad de insertarse en el campo laboral por no tener educación formal y por su edad. Sus únicos ingresos eran por la venta de tejidos y una pensión por ser madre de siete hijos.

El juez Sergio Barotto, presidente del Superior Tribunal de Justicia, participó el viernes último de dos relevantes actividades institucionales: por un lado, el XXVI Congreso Nacional de Capacitación Judicial y por otro, la reunión mensual de trabajo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA. Ambos eventos fueron organizados por la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, y se desarrollaron en la ciudad homónima.

El juez rionegrino no solo llevó allí la representación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, sino que integra las Comisiones Directivas de la citada Junta y la del Instituto REFLEJAR, órgano que agrupa a las Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas –a excepción de la Provincia de Buenos Aires- y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia que obliga a una ART a indemnizar a una mujer que quedó con secuelas psicológicas incapacitantes tras sufrir mobbing y acoso en su ámbito de trabajo. Cumplía tareas en una empresa de transporte de caudales de Viedma, era la única mujer y su jefe la acosaba laboral y sexualmente. 

Una alumna de séptimo grado le escribió una carta a la directora de su colegio para denunciar que su mamá estaba siendo víctima de violencia de género. Ocurrió después de una charla sobre educación sexual y enseguida se habilitaron los dispositivos de contención por parte del Estado. El denunciado fue excluido del hogar, se dictó una prohibición de acercamiento y la víctima está siendo contenida. 

Una mujer de Catriel denunció en la Comisaría de la Familia que su tío se encontraba en riesgo a raíz de un conflicto con otras personas de su entorno. La jueza de Paz, en la urgencia y de manera telefónica, adoptó medidas y luego envió el expediente al fuero de Familia de Cipolletti. Ordenó el cese del hostigamiento y una prohibición de acercamiento de los denunciados al damnificado. El caso se inició bajo los parámetros de la ley provincial N°3040 de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares.

Un cartero de Correo Argentino fue mordido en la mano por un perro cuando dejaba la correspondencia en un alambrado de una vivienda. El hogar no contaba con buzón.
Oportunamente fue asistido por los propios habitantes de la casa. Luego fue trasladado a la guardia del Hospital Público de la ciudad de Carmen de Patagones, donde se le realizaron estudios de radiografía sobre la mano afectada, además de una sutura, complementada por una férula digital, para inmovilizar la articulación.

Tras un corte de electricidad, una empleada farmacéutica de El Bolsón vio como “de repente empezó a explotar todo, empezó a salir humo por todos lados, por la controladora fiscal, por la computadora”. Muy asustada, apagó la luz y tomó un matafuegos. El olor a plástico quemado invadió el ambiente. Se comprobó que el voltaje superó por un momento los 220 voltios y la concesionaria deberá indemnizar.

Una mujer firmó un contrato con un empresario para comprar su casa prefabricada en Roca. Pero después de pagar un anticipo y cuatro cuotas decidió cancelar la operación. Según el contrato, la clienta tenía derecho a rescindir el negocio dentro de los 180 días hábiles y a recuperar automáticamente el 60% de lo pagado. Sin embargo el constructor le negó el derecho al reintegro con diversos argumentos y la mujer tuvo que iniciar una demanda judicial.

Un hombre de Viedma pagó la primera cuota de un Renault Logan 1.6 y un depósito para reservarlo a la empresa San Vicente Plan S.A. Sin embargo, sin su consentimiento fue incluido en un plan de 120 cuotas que nunca autorizó. Tras advertir la situación solicitó que le devuelvan su dinero.

Una mujer policía que trabajaba en la comisaría del barrio Lavalle, en Viedma, resultó lesionada en un ojo cuando la dependencia policial sufrió un ataque con armas de fuego. Una bala rompió el vidrio, arrojó esquirlas y la lastimó.

Además, a partir del incidente comenzó a sufrir un alto grado de estrés y la evolución de diversas patologías que la obligaron a recibir tratamiento psiquiátrico.