Pese a las medidas de aislamiento social, un tribunal de Cipolletti habilitó la realización de una audiencia para escuchar los pedidos de un condenado de 61 años que permanece alojado en el penal de la ciudad. La Oficina Judicial cuidó los detalles para el cumplimiento de los protocolos que incluyeron la debida distancia entre las partes y la utilización de barbijos. Finalmente no prosperó ninguno de los pedidos que hizo el preso ni su defensor.

El hombre cumple una condena de 21 años de prisión por rapto y abuso sexual y agota la pena el 13 de junio de 2020. Por ello solicitó el beneficio de la libertad asistida, un instituto contemplado en la ley de ejecución que permite la salida anticipada seis meses antes del agotamiento total de la pena. Como tiene 61 años, y es un grupo de riesgo, pidió cumplir la cuarentena obligatoria en la casa de su madre, que es una octogenaria.

Aunque una buena porción de los rionegrinos y rionegrinas tiene una cuenta bancaria, ya sea por su actividad, cobertura social o jubilatoria, muchas personas están fuera de este sistema y, en tiempos de pandemia, se complejizan las opciones para cobrar una cuota alimentaria o una indemnización dispuesta judicialmente.

Por esta razón, el Poder Judicial de Río Negro gestionó ante el Banco Patagonia un mecanismo a distancia que permite la apertura de una cuenta para las personas que no disponen de ningún tipo de bancarización y, tras una resolución judicial favorable, necesitan que se le transfieran los fondos. Mayoritariamente, son personas en situación de vulnerabilidad.

Lograr que una niña se comunique con su abuela paterna y que reciba cuota alimentaria en estos tiempos que corren no fue tarea sencilla. Dos funcionarias de la defensa pública de General Roca arribaron a un acuerdo que permitió que esto comience a concretarse con la rigurosidad que la pandemia dicta y el interés superior de la nena amerita.

La Resolución 129/2020 del Superior Tribunal de Justicia habilitó el mecanismo de emergencia para el funcionamiento de Mediaciones y Conciliaciones Laborales, es así que en ese marco la defensa pública civil logró que sus representadas, la madre de la niña y la abuela paterna, acordaran una prestación alimentaria y un régimen de comunicación telefónico.

Esta mediación, distinta a las que el sistema está acostumbrado, sucedió de manera telefónica. “El procedimiento fue así: primero la mediadora llamó a las partes para consultarlas respecto de la modalidad de “Mediación Puente”, ambas estuvieron de acuerdo. Luego se comunicó con la defensora pública que había realizado la presentación de la madre, y le expliqué a ella lo que se estaba proponiendo para resolver su inconveniente, y después se asesoró a la abuela paterna. Fue una mediación puente, con triangulación, todo de manera telefónica”, detallaron.

Todo comenzó a las 10 de la mañana y culminó a las 19. “No estar frente a frente, no conocer las emociones en el momento, no poder ver las caras y las reacciones, lleva a que el proceso lleve más tiempo. A la par, como sucede muchas veces en la cotidianidad, íbamos atendiendo otras mediaciones. El esfuerzo es conjunto, de los y las mediadoras, la defensa pública y claramente quienes requieren que sus asuntos sean atendidos y resueltos”, explicó la funcionaria de la Defensa Civil.

Además, comentaron que “en este contexto hay inconvenientes con la apertura de las cuentas judiciales, y esto se suplió con un aviso a la Comisaría del radio donde la madre irá a cobrar el dinero de la prestación alimentaria. A través del envío de un correo electrónico del Centro Judicial de Mediación (CEJUME) a la policía se explicó dicha resolución, esto para evitar cualquier inconveniente respecto al delito de violación del aislamiento social preventivo y obligatorio”, indicaron.

El trabajo en el Poder Judicial ha profundizado la utilización de herramientas tecnológicas para tareas habituales, con especial énfasis en el seguimiento de los más vulnerables.
Por ejemplo, el Juzgado de Familia N° 16 de Roca está realizando videollamadas grupales por Whatsapp para entrevistar a niños, niñas y adolescentes que están viviendo temporalmente con referentes afectivos o con familias solidarias, a raíz de medidas excepcionales de protección de derechos que ha dictado la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Río Negro, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial.

La Cámara Laboral de Cipolletti analizó el accidente laboral que padeció un trabajador de 29 años, quién se lesionó la rodilla luego de resbalarse en el hielo. Aceptó el porcentaje de incapacidad que determinó la pericia y ordenó a la ART una indemnización que supera los 600 mil pesos.

El mecanismo de emergencia habilitado para el funcionamiento de Mediaciones y Conciliaciones Laborales implementado el lunes último por el Poder Judicial de Río Negro ya logró los primeros acuerdos y ha permitido que 643 audiencias fueran reprogramadas en toda la provincia.

Una familia de Jacobacci recurrió a la Casa de Justicia por la perturbación que padecía un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al estar expuesto al ruido de las sirenas de bomberos. En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio en muchos pueblos y ciudades se dispuso activar este mecanismo sonoro para recordarle a la sociedad que debían permanecer en el interior de sus domicilios. Finalmente se decidió no utilizar más este recurso y eso llevó tranquilidad a uno de los sectores más vulnerables.

Una resolución de un amparo ordena la entrega de medicación necesaria para la cobertura por tres meses consecutivos de tratamiento a paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple. El fallo de la jueza de Familia Cecilia Criado, indica que "en el marco de la pandemia que nos encontramos atravesando, no se puede exigir al paciente o familiares que transiten todos los meses en procura de hacerse de la receta para presentar en farmacia, máxime cuando ya se conoce que se trata un tratamiento prolongado”.

El Superior Tribunal de Justicia dispuso prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria judicial hasta el 26 de abril. Sin embargo, mediante Acordada firmada hoy, decidió una serie de medidas que permitirán ampliar la cantidad de servicios que prestará el Poder Judicial durante el aislamiento social obligatorio. Para ello se acentuará el uso de tecnología y los puestos de teletrabajo.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, respondió formalmente a dos notas remitidas por Gastón Lauriente, presidente del Colegio de Abogados de Roca, quien había exigido restablecer las actividades presenciales en las oficinas del Poder Judicial a pesar de la vigencia de la cuarentena obligatoria dispuesta por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial.