Esta semana se desarrollará en Viedma un curso sobre Cibercrimen, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial en cumplimiento de su planificación aprobada para 2019.

Hoy se llevó a cabo una reunión en el ámbito judicial y se acordó que el lunes comenzará la segunda etapa de remediación de la abandonada estación de servicios Rhasa de General Roca, con tareas de limpieza. Asimismo, el 1 de julio se iniciarán las labores de remoción de los elementos contaminantes.

La conciliación laboral obligatoria en la Cuarta Circunscripción cumplió seis meses desde su puesta en funcionamiento el 1 de diciembre de 2018. En ese contexto esta mañana se realizó una reunión para analizar la marcha y el funcionamiento de este novedoso método de resolución de conflictos aplicado al fuero Laboral y de manera prejudicial, es decir antes de iniciar un juicio.

De la reunión participó el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Ricardo Apcarián, el Colegio de Abogados de Cipolletti a través de su presidente Raúl Franco, su vicepresidenta Adriana Pasta y de un grupo de conciliadores, el secretario de Estado de Trabajo Lucas Pica, los jueces de la Cámara Laboral de Cipolletti Raúl Santos y Luis Lavedán y, en el último tramo, el recientemente designado juez laboral de Roca Juan Huenumilla, quién fue invitado por el juez Apcarián.

La participación de Huenumilla, designado por el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción la semana pasada, respondió al interés que ha generado la aplicación de esta “prueba piloto” en Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel. El método, que se gestiona a través de los Centros Judiciales de Mediación (Cejume), es voluntario para toda la provincia pero por medio de la Acordada 20/2018 se convirtió en obligatorio por el periodo de un año para la Cuarta Circunscripción.

Esa misma Acordada, vigente desde el 1 de diciembre de 2018,  fijó una revisión a los seis meses y en ese contexto se llevó a cabo la reunión de hoy. La instancia de la conciliación puede realizarse, indistintamente, ante la secretaria de Estado de Trabajo o ante las Oficinas de Conciliación que el Poder Judicial ofrece en Cipolletti y en Cinco Saltos y que dependen de los Cejume. Luego, los jueces laborales revisan esos acuerdos y en la medida que se cumplan las garantías de los procesos homologan con alcance de sentencia.

Se evaluó, en la reunión de hoy y en función de los resultados alentadores, poder incorporar la conciliación laboral obligatoria dentro del código procesal laboral que también está siendo sometido a una actualización. Idéntica modalidad se utilizó con la mediación del fuero Civil.

La Cámara Laboral de Cipolletti, desde que rige la obligatoriedad en la conciliación laboral, registró  70 expedientes menos en relación al año anterior y eso se traduce en una optimización de los procesos porque se descomprimen los tribunales. Cómo todo método alternativo es menos costoso y mucho más rápido que el juicio ordinario.

Desde el 1 de diciembre, en el ámbito del Poder Judicial, se realizaron 166 audiencias de conciliación con 36 acuerdos, otras 36 que están actualmente en trámite, 43 sin acuerdo, 29 no sustanciadas, 23 desistimientos y una cerrada por el conciliador.

En la secretaria de Estado de Trabajo (delegaciones de Cipolletti, Catriel y Cinco Saltos) se iniciaron 629 expedientes con 569 audiencias y 271 acuerdos.

El Colegio de Abogados aprovechó la reunión con el juez delegado del STJ, con los jueces laborales y con el secretario de Estado de Trabajo para analizar otros temas inherentes al funcionamiento de la circunscripción y para canalizar aportes e intercambiar opiniones.

También los abogados, junto al juez Apcarián, recorrieron el edificio de Yrigoyen 387 donde funciona desde hace algunas semanas el fuero Civil y el Laboral, y visitaron los espacios destinados a la Oficina de Conciliación y al Colegio de Abogados.

El escrutinio provisorio de las elecciones en las Comisiones de Fomento podrá seguirse en la página web del Poder Judicial rionegrino o bien directamente en el vínculo http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/escrutinioprovisorio/index.php

Dicho escrutinio se realiza con un sistema desarrollado por el área de Informatización de la Gestión Judicial y con personal del organismo.

El Tribunal Electoral Provincial es el encargado de organizar y fiscalizar las elecciones en las Comisiones de Fomento. No así los comicios municipales, que están en manos de las Juntas Electorales de cada localidad.

Un fallo de primera instancia, que aún no está firme, fijó una indemnización de 83.070 pesos a favor de un cliente que fue abordado por un policía en el interior del supermercado Chango Más de Cipolletti y, luego afuera, esposado y detenido. El suboficial aseguró que el hombre tenía prohibido el ingreso por haber robado previamente en ese comercio.

A raíz de ese episodio estuvo detenido una noche en la Comisaría 24 de Cipolletti y luego le iniciaron una contravención en el Juzgado de Paz. El hombre que promovió la demanda civil alegó que el trato fue humillante sobre todo porque se encontraba con su familia y su hija pequeña.

Durante el trámite judicial, ni el policía ni el gerente del comercio se presentaron a declarar ni respondieron los oficios en los que se requería informe sobre la contravención denunciada por el agente policial ni lo sucedido en el local. Tampoco aportaron prueba en relación al supuesto hurto anterior del que se valió el uniformado para sacarlo del local y luego detenerlo, pese a que se mencionó una grabación.

“Desde ya que nadie puede negar el derecho que tienen los establecimientos comerciales, especialmente los supermercados, de emplear los medios de seguridad necesarios para evitar el hurto de mercaderías, a través de mecanismos idóneos, con la condición que no se traduzcan en una deshonra u ofensa al cliente. Por ello, los clientes que optan por concurrir a estos lugares deben hacerlo siendo sabedores de que, entre otras cosas, pueden ser registrados en función de medidas de seguridad, y la otra cara de la misma moneda supone que quien decide instalar su negocio de esta forma deberá arbitrar los mecanismos para que aquellas medidas de seguridad, generales o particulares que necesariamente deberá adoptar, no se traduzcan en una mortificación, deshonra u ofensa a sus clientes, con lo cual va de suyo que cualquier procedimiento que tenga que realizarse deberá ejercerse con razonabilidad, cuidado y respeto, sin fines discriminatorios, peyorativos ni abusivos, incluso ante casos de desconfianza. Si en este caso el dependiente sospechaba un hurto, debía de todos modos proceder con prudencia y decoro, respetando la presunción de inocencia, el honor y los sentimientos del cliente”, dice el fallo del Juzgado Civil N°3 de Cipolletti.

Se recuerda en la sentencia que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor admite el principio de protección al consumidor y que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho a un trato equitativo y digno.

Se estableció también que el propietario de un supermercado debe responder por los daños ocasionados por las tareas de seguridad, aún cuando el servicio estuviera terciarizado en este caso a través de adicionales por medio de la Policía de Río Negro.

La suma de la indemnización incluye los gastos de honorarios y sellados que el hombre tuvo que desembolsar ante el Juzgado de Paz por la contravención que le iniciaron y ante el Centro Judicial de Mediación (32.210 pesos con los intereses ya incluidos). La suma de 40.000 pesos por daño moral (afectación de la paz, la tranquilidad espiritual, la integridad física) y la suma de 10.860 pesos para afrontar el tratamiento psicológico recomendado por la perito.

Este domingo se llevarán a cabo elecciones en 34 Comisiones de Fomento de Río Negro. Estos comicios son los únicos tiene a su cargo el Tribunal Electoral Provincial (TEP), ya que las votaciones municipales dependen de las juntas electorales de cada comuna.

El Consejo de la Magistratura llamó a concurso público de antecedentes y oposición para la cobertura de un cargo de Fiscal o Fiscala de Cámara -Fiscal en Jefe para la estructura actual- de la segunda circunscripción con asiento de funciones en la ciudad de Choele Choel.

Este lunes se realizará la tercera parte del taller "Adopción, camino de encuentro, las Adopciones y nuestras prácticas”, coordinado por la Licenciada y Magister María Federica Otero, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial.

La empresa Pego S.A. deberá comenzar a ejecutar la segunda etapa del plan remediación y recomposición ambiental, en cumplimiento de la sentencia firme del amparo colectivo por la contaminación que generó la operación irregular de la estación de servicios Rhasa, ubicada en la esquina de avenida Roca y Alsina de General Roca. Con ese fin, ara precisar la fecha de inicio de las tareas y coordinar labores, la jueza del caso convocó a una reunión a realizarse en Tribunales el próximo viernes 21 de junio con la empresa Pego S.A. y autoridades provinciales y municipales.
La primera etapa del plan de acción consistió principalmente en la toma de muestras de suelo, agua y residuos de los tanques ubicados en el predio. Esta segunda instancia avanzará en la extracción y disposición de residuos contaminados y de los tanques de combustible que se encuentran bajo tierra en el predio, así como surtidores, cañerías y conexiones. 
El amparo tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Roca, a cargo de la jueza Andrea de la Iglesia, bajo la carátula "Municipalidad de General Roca c/ Pego S.A. s/ Amparo" (Exp. 40233), cuyo seguimiento puede realizarse libremente desde la página web del Poder Judicial.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sentencia de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti que unificó en siete años de prisión las condenas que recayeron sobre Leonardo Nicolás Peroni.

Por el último hecho, un robo en un comercio de Cinco Saltos, el hombre recibió cinco años de prisión. Sin embargo arrastraba una reciente condena de tres años de prisión en suspenso. En un juicio abreviado que se hizo el año pasado Peroni admitió haber sido miembro de una asociación ilícita que robaba, con armas de fuego, a choferes de camiones repartidores.