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Hoy se realizó una recorrida por el nuevo edificio judicial que albergará al Ministerio Público Fiscal. Visitaron las instalaciones el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, los vocales del STJ Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui, la Procuradora Silvia Baquero Lazcano, el Fiscal General, Marcelo Álvarez, el Ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viedma, Pedro Sánchez.
La jueza delegada de la primera circunscripción, Adriana Zaratiegui, explicó que en el marco de la Reforma Procesal Penal, en Viedma se priorizaron las instalaciones para los fiscales, que llevarán el peso de la investigación con el nuevo paradigma, el fuero penal, la Oficina Judicial y también las salas de audiencias.
El edificio que albergará a las Fiscalías, se explicó, cuenta con 4 pisos que totalizan 600 metros cuadrados. Se alquiló mediante la modalidad planta abierta y luego del Poder Judicial hizo las adecuaciones de los espacios con panelería desmontable y reutilizable.
La jueza Zaratiegui destacó que además de la tabiquería se efectuaron las obras para la adecuación de la red de datos, la red eléctrica y el reacondicionamiento de la iluminación de acuerdo a los distintos usos.
La proyección de los cambios y la verificación de la marcha de las obras en toda la provincia se realizó con el equipo de Arquitectura del propio Poder Judicial.
La distribución de los ámbitos del flamante edificio se realizó en base a los requerimientos que la Procuración confeccionó de acuerdo a las necesidades de funcionamiento que tendrán las Fiscalías para la implementación de la Reforma Procesal Penal.
Inicialmente la obra interior tenía un plazo de ejecución de 90 días, pero se realizó finalmente en 70 jornadas. Las labores se enmarcan en el Presupuesto específico que la Legislatura aprobó para la Reforma Procesal Penal.
Dentro de la Reforma Procesal Penal, la Unidad de Implementación priorizó en cada ciudad la ejecución de obras para el Ministerio Público, que llevará el peso de la acusación.
La jueza María Florencia Caruso resolvió procesar a Noelia Jaqueline Clause por los delitos de “resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones graves”.
La conductora se movilizaba en un Peugeot 207 en la madrugada del 11 de junio último. Cómo manejaba con exceso de velocidad fue perseguida por un móvil policial que logró detenerla en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Mendoza, en el barrio San Pablo de Cipolletti. En ese contexto fueron convocadas dos inspectoras de Tránsito de la Municipalidad para realizar el control de alcoholemia por su aparente estado de ebriedad.
Clause se negó en tres oportunidades a soplar correctamente la pipeta de control. En consecuencia, las funcionarias públicas municipales procedieron al secuestro del rodado, pero la imputada no aceptó bajarse del vehículo y sin autorización lo puso en marcha para retirarse del lugar, entretanto una empleada policial intentó detenerla y agarró la puerta para que no la cerrara. Sin embargo Clause aceleró y se fugó al tiempo que arrastró a la policía por la calle Vélez Sarsfield entre cincuenta y cien metros.
El Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro avanzan hacia un convenio de cooperación recíproca que permitirá, por un lado, capacitar a los Juzgados de Paz, y por otro ampliar las posibilidades de atención de la Defensoría.
En el Acuerdo de hoy, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el protocolo del convenio, cuyos lineamientos ya habían sido estipulados en una reunión donde participaron el presidente del STJ, Ricardo Apcarian, los vocales Enrique Mansilla, Sergio Barotto, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, y la flamante Defensora del Pueblo, Adriana Santagati.
Se realizó el taller sobre “Los nuevos paradigmas en las investigaciones de los delitos informáticos” en Viedma organizado por la Escuela de Capacitación Judicial.
El dictado está a cargo de los licenciados Gastón Semprini y Gerardo Nilles, integrantes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial.
El Juez de Instrucción Marcos Burgos clausuró la instrucción y elevó a juicio actuaciones por "Homicidio agravado por alevosía y mediante el uso de arma de fuego", causa en la que se encuentran procesados Boris Hermosilla y Jonathan González como coautores del hecho ocurrido el 27 de febrero de 2017 en calle John O’Connor entre Vilcapugio y Yatasto.
De acuerdo a la imputación realizada por la Fiscalía en la fecha señalada y actuando en convergencia intencional y acuerdo previo de voluntades, ambos imputados se presentaron en el domicilio de un amigo de la víctima, Hugo Felipe Collihuin, buscando al mismo y exhibiendo armas de fuego. Veinte minutos después arribaron al lugar de los hechos y aprovechando el estado de indefensión de Collihuin, con la ventaja suficiente propia de dos agresores que portaban armas de fuego, efectuaron once disparos de los cuales seis impactaron sobre la víctima.
La Cámara Criminal Primera de Roca condenó a un hombre de Allen a la pena de 6 años de prisión tras declararlo autor del delito de "robo doblemente calificado por haber sido cometido con arma y en lugar poblado y en banda".
El hecho investigado, por el cual fue juzgado el imputado Cristian "Perrin" Espinoza (29), ocurrió la noche del 24 de julio de 2016 en una vivienda de la calle Lago Mascardi al 700 de Allen. Resultaron víctimas un matrimonio, sus hijos, sus nietos menores de edad y una nuera. Al domicilio ingresaron al menos tres sujetos encapuchados -con cómplices que aguardaron en el exterior- quienes violentamente sustrajeron dinero, artículos de electrónica y teléfonos celulares en un contexto de amenazas y golpes a los damnificados. Espinoza pudo ser reconocido por ser el único que no tenía el rostro cubierto con pasamontañas.
El titular del Juzgado de Instrucción Nº 30 de Choele Choel, Guillermo Bodrato, recibió declaración indagatoria y ordenó la detención preventiva de dos hombres que habrían participado de violentos incidentes ocurridos la tarde - noche del 6 de julio pasado en Lamarque.
Con la representación de la Defensora Oficial Josefina Santos, los imputados José Amador González y Luciano Emanuel Trincheri brindaron su versión de los hechos en la audiencia oral y pública de formulación de cargos que se realizó este lunes y negaron su participación en el enfrentamiento.
El Presidente del STJ, Ricardo Apcarián tomó Juramento a los Jueces Penales Itziar Soly y Favio Hildo Corvalán, y al Agente Fiscal Juan Pedro Peralta; todos de la Primera Circunscripción con asiento de funciones en la ciudad de Viedma.
Además estuvieron presentes los Jueces del STJ: Adriana Zaratiegui, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano.
Los jueces de la Cámara Criminal Segunda de Roca absolvieron por aplicación del principio de la duda a un hombre que había llegado a juicio acusado de intentar matar a su ex pareja mediante la utilización de un destornillador, en un episodio que ocurrió la tarde del 8 de marzo de 2016 en la zona norte de esta ciudad.
"Analizando la totalidad del plexo probatorio producido, no demanda mayor esfuerzo advertir que la prueba incriminante es de una orfandad tal que (...) es insuperable la duda y el estado de incertidumbre sobre lo ocurrido y sobre el autor", sostuvo el Tribunal.
La sentencia fue dictada este mediodía por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti pero no se encuentra firme, puesto que el Ministerio Público Fiscal tendrá la posibilidad de interponer un recurso de casación.
La Cámara Segunda del Crimen de Bariloche integrada por los Jueces Héctor Leguizamón Pondal, Gregor Joos y Rubén Marigo homologó acuerdo de juicio abreviado, previsto en el artículo 330 del Código Procesal Penal de Río Negro, formalizado por el Fiscal de Cámara Eduardo B. Fernández y la Defensora Oficial Romina Martini y la querella. En consecuencia condenó a Diego Fernando y Cristian Edgardo, ambos de apellido Linconir, hermanos, argentinos, mayores de edad, a la pena de diez (10) años de prisión efectiva, con costas, como autores penalmente responsables del delito de Homicidio en perjuicio de Pablo Lucero, hecho ocurrido en Julio del año pasado en el barrio "20 Viviendas" de Bariloche.