La mujer arrestada iba en un auto de acompañante y entorpeció el procedimiento cuando los inspectores de tránsito pretendían practicarle un test de alcoholemia al conductor. Entonces la trasladaron hasta la comisaría y luego de los trámites habituales fue liberada. Cuando aportó sus datos personales se supo que también era policía.

Después de un tiempo inició una demanda penal contra su compañera de trabajo. Consignó que la situación padecida resultó totalmente abrupta e intempestiva, que se encontró con una extrema violencia, sufriendo golpes y forcejeos que atentaron contra su integridad física y espiritual.

Sin embargo en el fuero penal se resolvió que la uniformada había actuado dentro de sus facultades funcionales de agente policial. En consecuencia resultó sobreseída.

Contrademanda

Con esa resolución, la policía de servicio presentó una demanda por daños y perjuicios. Afirmó que la causa penal perjudicó su carrera dentro de la fuerza y constituyó una infamia hacia su persona.

Pretendía cobrarle a la mujer que fue arrestada la suma de 28.299,14 pesos por daño moral y daño emergente. En primera instancia el fallo rechazó el pedido de indemnización. Después hubo una apelación y el tribunal que revisó la primera sentencia terminó confirmando la decisión inicial.

Se consideró que la mujer arrestada tiene un derecho legitimo a denunciar y a solicitar una investigación estatal respecto de la legalidad del procedimiento y que en el caso no se comprobó que hubiese actuado con dolo o culpa grave “con entidad como para considerar que hubo una denuncia calumniosa”.