El hombre tenía 54 años y el 19 de mayo de 2016 regresaba de la chacra en la que desempeñaba tareas. Ya era de noche y en inmediaciones de la ruta 151 y el paraje Lalor recibió un disparo de arma de fuego. Quedó tirado en un camino rural y le robaron la moto en la que se movilizaba. Murió después de estar internado durante tres semanas.
La Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) ofreció las prestaciones necesarias durante el tiempo en que permaneció hospitalizado. En consecuencia, el episodio fue categorizado como un accidente “in itinere”, que son los que ocurren en el trayecto entre el domicilio particular y el lugar de trabajo o viceversa. La legislación laboral ofrece cobertura para ese tipo de hechos.
Luego de la muerte del peón rural, su hermana inició una demanda laboral y solicitó la indemnización por fallecimiento derivado de un accidente de trabajo. En general ese tipo de compensación económica es percibida por hijos e hijas o en su defecto progenitores.
Pero en este caso la hermana probó varias circunstancias. Primero que era la única heredera ya que el hombre fallecido, al igual que ella, era huérfano y además no tenía pareja ni hijos. Para acreditar esa situación ofreció la declaratoria de herederos, que es una resolución judicial del fuero Civil.
También presentó testigos que aseguraron que los hermanos vivían en la misma casa. De hecho, la mujer dependía en un ciento por ciento del trabajador rural porque ella, unos años antes, también había sufrido un accidente de trabajo que la dejó incapacitada y en silla de ruedas.
Un testigo declaró que la víctima del homicidio ayudaba económicamente a su hermana desde que se fue a vivir con él –en el 2014- dando como ejemplo el pago de deudas, medicamentos, y también con la rehabilitación.
“Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del trabajador fallecido cuando concurre en aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular”, dice el fallo que aceptó el reclamo de la mujer y fijó una indemnización de 1.571.865 de pesos más intereses. La cifra deberá ser afrontada por la ART.