José Forno, Aníbal Meneses y Pablo Muñoz fueron detenidos el  6 de agosto por resolución del tribunal que llevó adelante el juicio por asociación ilícita en el que resultaron condenados a penas de 30, 25 y 23 años respectivamente. En ese momento, los jueces admitieron el reclamo de la fiscalía y de la querella por el incumplimiento de las pautas de conducta. A los tres les dictaron prisión preventiva por el plazo de un año. Esa resolución llevó la firma de las juezas Alejandra Berenguer y Laura González Vitale y del juez Marcelo Gómez.

Esta mañana, las partes asistieron a una audiencia de revisión ante el juez de juicio Guillermo Baquero Lazcano. La defensa pretendía que se revea la medida cautelar pero finalmente desistieron del recurso. Tampoco se hizo lugar a un planteo relacionado a la denegatoria del recurso de revocatoria. En conclusión la prisión preventiva quedó firme.

Desde hoy y hasta el sábado se desarrollará en la Ciudad Judicial de Roca un curso sobre Cibercrimen destinado a las y los jueces, fiscales, defensores e integrantes de los Cuerpos de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción, dirigido por Daniela Dupuy, fiscal especializada en Delitos Informáticos del Poder Judicial de CABA, y Gustavo Presman, ingeniero, docente y perito en informática forense, ambos de la Institución Unidos por la Justicia.

El curso, de 20 horas de duración, se dictará en el Auditorio del Poder Judicial y replicará la capacitación ya brindada en mayo en Cipolletti y en junio en Viedma. En Bariloche se dictará en octubre, según la planificación de la Escuela de Capacitación Judicial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró de interés del Poder Judicial el “34 Encuentro Nacional de Mujeres”, que se realizará en la ciudad de La Plata durante los días 12 , 13 y 14 de octubre.

El STJ ha incorporado la perspectiva de género como política pública y transversal.

En los fundamentos de la resolución se explica: “los encuentros se realizan en nuestro país desde 1986 ante la necesidad de auto convocarse para tratar diversas problématicas desde la perspectiva de género y los movimientos feministas ya que- al igual que en el resto del mundo-, existe discriminación, subordinación y vulneración en los roles que las mujeres ocupan en la sociedad”.

Durante esta semana más de cien mujeres y hombres con distintos cargos y funciones dentro del Poder Judicial participan de los talleres en el contexto de la Ley Micaela. La jueza de Familia de Bariloche Marcela Pájaro, replicadora de la Oficina de Género, tiene a cargo la exposición de este miércoles y jueves. La actividad culminará el viernes.

Una familia intentó inscribir una casa en el régimen de “Protección de la vivienda familiar” -antiguamente denominada “bien de familia”-, pero el Registro de Propiedad Inmueble se lo negó porque estaba asentada sobre dos terrenos. La Cámara Civil de Viedma revocó la decisión y autorizó la inscripción, tomando un concepto amplio del resguardo de la vivienda.

Las mujeres privadas de la libertad alojadas en los Complejos Penales de Viedma, Roca y Cipolletti recibieron mantas tejidas al crochet que fueron enviadas por las mujeres de la ONG Tejidos Solidarios, a través de la Casa de Río Negro. La Oficina de Género del Poder Judicial de Río Negro fue la encargada de concretar esta entrega.

El organismo realiza un acompañamiento permanente a las mujeres privadas de la libertad. También actúa de intermediaria con otras organizaciones.

Mediante una acción de desalojo, la provincia de Río Negro se presentó ante la Cámara Civil de Cipolletti con el objetivo de recuperar una vivienda oficial que había sido asignada a un policía por resolución de la Jefatura de Policía en el año 2001. En 2014, el uniformado resultó adjudicado por otra casa del IPPV. El tribunal que intervino ordenó desocupar el primer inmueble.

El fallo hizo lugar a la orden de desalojo promovida por la provincia y le ordenó al policía devolver la vivienda. La resolución es extensiva a cualquier otra persona que habite las instalaciones.