El programa de capacitaciones en Perspectiva de Género y Derechos Humanos que alcanzará a todo el personal del Poder Judicial de Río Negro continúa esta semana en Choele Choel y Río Colorado, organizado por la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación Judicial, en el marco de su programa anual.
Un hombre de Cipolletti que había sido denunciado por hechos enmarcados en la Ley 3040 de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares estuvo detenido durante 24 horas por no cumplir con el tratamiento ordenado por el juez de Familia Jorge Benatti.
Las actuaciones se iniciaron en el Juzgado de Paz de Cipolletti y allí la jueza Gabriela Lapuente dispuso diversas medidas para proteger a la denunciante y a su núcleo familiar. Luego, el juez Jorge Benatti mantuvo la prohibición de acercamiento y le dio intervención al organismo Ruca Quimei para encausar un tratamiento terapéutico integral.
El sábado se realizó una audiencia de control de detención ante la jueza de garantías Sonia Martin. La magistrada resolvió allí que la detención de Irene Méndez había sido legal y que la fiscalía contaba con razones fundadas respecto del riesgo procesal de peligro de fuga.
La jueza de turno dispuso el alojamiento de Irene Méndez en un sector de mujeres del Establecimiento Penal a elección del Servicio Penitenciario Provincial “hasta que comparezca ante el tribunal de juicio” que llevó adelante el debate y que el miércoles 5 de junio la halló responsable del delito de homicidio calificado, cuya víctima fue Eduardo Honores.
Más de 8500 personas se encuentran habilitadas para votar en 34 comisiones de fomento de la provincia de Río Negro el próximo 23 de junio.
El padrón definitivo se encuentra disponible en http://servicios.jusrionegro.
El padrón definitivo se conformó luego de un lapso en el cual el Tribunal Electoral Provincial (TEP) puso a disposición de la ciudadanía una nómina provisoria, con la posibilidad de realizar correcciones.
La Subcomisión culminó en su última reunión en Cipolletti el anteproyecto del Código Procesal de Familia que buscará ofrecer al fuero una autonomía y precisión procesal sin precedentes en Río Negro. El trabajo ya tiene formato de proyecto y será elevado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento y posterior debate en la Legislatura.
El Tribunal de Juicio conformado por los Jueces Marcelo Álvarez, Itziar Soly y Adrián Dvorzak, unificó las condenas contra Marcelo Morelli en 33 años, por distintos delitos sexuales contra víctimas menores de edad.
La jueza de Garantías de Roca María Gadano dictó hoy una prorroga de la prisión preventiva respecto de un hombre acusado como presunto autor del delito de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetrada contra una mujer en el marco de violencia de género”.
Tanto la fiscal jefa Graciela Echegaray como el abogado por la parte querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, solicitaron en la audiencia de hoy una ampliación por cuatro meses más de la detención preventiva del imputado J.A.Q., de cara al juicio oral y público que está previsto para el mes de agosto. Argumentaron, como principal riesgo procesal, la necesidad de resguardar física y psicológicamente a la víctima de violencia de género, quien deberá prestar declaración como principal testigo en el debate. En tanto que el abogado defensor Carlos Vila manifestó su oposición a la extensión de la cautelar.
Tras analizar los fundamentos de las partes, la jueza fijó la prórroga de la detención hasta el próximo 30 de agosto, fecha en la que se estima que ya existirá un veredicto del Tribunal de Juicio en cuanto a la culpabilidad o no del imputado.
En la audiencia de control de acusación realizada el pasado 20 de mayo, el juez de Garantías Gustavo Quelín admitió la acusación de la fiscalía y declaró la competencia para juzgar de un tribunal colegiado por el hecho ocurrido la noche del 3 de enero de 2019 en el domicilio del imputado, en Roca, cuando la víctima fue herida de gravedad con el filo de una tijera. Como consecuencia del puntazo la mujer debió permanecer tres días internada. Fue el padre del imputado quien la socorrió y la trasladó al hospital.
Según la acusación fiscal “no era la primera vez que le impedía irse del lugar, con su accionar la colocó en una situación de vulnerabilidad y ante esa relación de desigualdad que el imputado generó, la golpeó, arrinconó y sometió (...) dejándola totalmente indefensa”.
El historial judicial del caso comienza con la formulación de cargos realizada el 8 de enero y el dictado de una primera prisión preventiva por tres meses. El 17 de ese mes, a pedido de la defensa, se realizó una audiencia de revisión de la preventiva, la cual fue confirmada por el juez Alejandro Pellizzon. El 5 de abril, haciendo lugar a los argumentos de la fiscalía y la querella, se amplió por dos meses más la detención cautelar. El 13 de abril se realizó una audiencia a pedido de la defensa, que solicitó un cambio de calificación legal. El planteo fue rechazado por la jueza Gadano. El 20 de mayo se realizó la audiencia de control de acusación, donde fue confirmada por el juez Quelín la calificación legal como tentativa de homicidio doblemente agravado -por el vínculo y por razón de género-. El 27 de mayo, finalmente, el juez Pellizzon dictó una nueva confirmación de la prisión preventiva, medida que fue ratificada y ampliada hoy por la jueza Gadano previendo la inminencia del juicio oral.
De no surgir inconvenientes que obstaculicen el curso normal del proceso, el juicio se llevará a cabo a mediados de agosto, es decir, a sólo siete meses de ocurrido el hecho.
Delegación de Comunicación Judicial
Segunda Circunscripción
La Cámara Primera Laboral, en su carácter de Tribunal de Amparo, hizo lugar a la presentación de un vecino de esta ciudad, -en tratamiento oncológico-, y ordenó al director del hospital Dr. Leonardo Gil instrumente los medios necesarios para la provisión del medicamento "Gemcitabina 1000 MG" prescripto por el oncólogo tratante para la realización de las sesiones de quimioterapia. El tribunal de amparo, integrado por los jueces Alejandra Paolino, Jorge Serra y Juan Lagomarsino, ha considerado que: "....En lo que aquí interesa, surge como irrazonable que el organismo público requerido pretenda, ante la gravísima enfermedad con la que fue diagnosticado el accionante -cáncer de páncreas , eximirse de responsabilidad alegando la existencia de una licitación pública en trámite, resultando inexplicable que no se hayan tomado los recaudos del caso para tener asegurada la cobertura de la medicación reclamada, advirtiéndose que con la actitud asumida por el organismo se coloca sistemáticamente al amparista enfermo en una situación de total de vulnerabilidad...."