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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un recurso extraordinario interpuesto por la defensa pública de un hombre condenado a prisión por un robo ocurrido en Cinco Saltos.
El 9 de marzo de 2017 la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió condenar a Claudio Cristian Pardo y a César Osvaldo Orellana como coautores penalmente responsables del delito de robo con armas a la pena de siete años de prisión.
La sentencia de primera instancia, que aún no está firme porque las partes apelaron, condenó a Iruña S.A. y a Volkswagen Argentina S.A a pagarle a un usuario la suma de 363.500 pesos.
El cliente adquirió un vehículo Gol Trend cero kilómetro pero el mismo día de la entrega (el 27 de julio de 2012) comenzó a tener problemas mecánicos y tuvo que llevarlo en varias oportunidades al servicio mecánico de Iruña.
En la sentencia, el juez civil de Cipolletti Alejandro Cabral y Vedia consideró que el cliente estuvo 1254 días sin la posibilidad de disponer de su vehículo.
El Superior Tribunal de Justicia revocó la condena, dictó la absolución y ordenó la inmediata libertad de una joven mujer trans de Roca que había sido sentenciada por el homicidio de su pareja.
Con el voto rector de la jueza Adriana Zaratiegui y la adhesión de Ricardo Apcarian y Liliana Piccinini, el STJ aplicó de manera integral los principios de juzgamiento con perspectiva de género y contempló especialmente la situación de violencia y vulnerabilidad de las cuales era víctima de la imputada, Alixa Bridgitte Nieto. Tras analizar la mecánica del hecho y el marco integral en que se produjo, concluyó así que el homicidio de su pareja, ocurrido la mañana del 8 de enero de 2017 en Roca, fue en un contexto de “legítima defensa” plena por parte de la acusada.
Los jueces de juicio Verónica Rodríguez, Fernando Sánchez Freytes y Oscar Gatti, por unanimidad, declararon hoy culpable al imputado Octavio Gigli como autor del “homicidio simple” del que resultó víctima el ciudadano Guillermo Martínez la noche del 31 de agosto de 2015 en Roca.
La lectura del veredicto, en audiencia oral y pública, se realizó este mediodía en la Ciudad Judicial. La jueza Rodríguez, autora del voto rector, dio lectura a los fundamentos centrales y anunció que en los próximos días la Oficina Judicial fijará la fecha para la audiencia de cesura. En esa futura instancia las partes debatirán -y el Tribunal definirá- el monto de la pena que corresponda aplicar, que deberá ceñirse a los límites de la escala penal prevista para el delito de homicidio simple, que es de 8 a 25 años de prisión según establece el art. 79 del Código Penal.
La dos Cámaras del Trabajo de Bariloche registraron en 2017 1.327 nuevos expedientes que se suman a los que ya tienen trámite de años anteriores. La Cámara del Trabajo 1 contabilizó 715 expedientes y la Cámara del Trabajo 2 un total de 612.
A nivel provincial, el Fuero Laboral, es decir la totalidad de las seis Cámaras Laborales de toda la provincia, contabilizaron 4.849 expedientes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
Los tipos de procesos más frecuentes en toda la provincia son los trámites ordinarios (que representan el 32,30%) y los juicios por accidente de trabajo (29,58%).
La Jueza Erika Fontela, titular del Juzgado Nº11 de Familia, Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones de El Bolsón, ordenó a los padres de un niño de tres meses que contrajo meningitis a “cumplir con el plan nacional de vacunación”, con las indicaciones médicas para su tratamiento y dispuso un seguimiento especial de los órganos proteccionales hacia la familia, de manera de garantizar “el interés superior del niño”.
La medida cautelar implica que los padres “diariamente deberán informar telefónicamente al servicio de urgencias” y “concurrir al servicio de pediatría como mínimo cada 72 horas, tomar intervención con la terapista para iniciar un tratamiento rehabilitante de estimulación temprana, acreditar la asistencia a una nutricionista, acreditar la inscripción del niño a una obra social, acreditar el informe de un trabajador social respecto a las condiciones de habitabilidad”, entre otras medidas preventivas y paliativas.
El Juez de Juicio Guillermo Bustamante rechazó un pedido de la Defensa de un hombre imputado por abuso sexual simple y ordenó la continuidad del proceso. De acuerdo a la acusación, el delito ocurrió en 2013 en San Antonio, cuando una persona que ejercía como masajista, en una sesión, realizó tocamientos impropios a una mujer.
Más allá de la posibilidad de continuar con la investigación del caso, el proceso implica un precedente para otros expedientes que se tramitan con el código procesal nuevo y el antiguo.
La Cámara Laboral Primera hizo lugar a la demanda presentada por un trabajador y condenó a Asociart ART a abonar la suma de surja de la liquidación en concepto de indemnización por accidente de trabajo e incapacidad sufrida por el mismo. Los Jueces Marina Venerandi, Rubén Marigo y Juan Lagomarsino consideraron de aplicación la Ley 26.773, vigente al momento en el cual el trabajador sufrió el accidente laboral y de una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado. Luego del análisis de los elementos probatorios reunidos el Tribunal consideró que el trabajador sufrió efectivamente un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad por lumbalgia con patologías anexas y necesidad de utilizar corset ortopédico.
En este marco, ayer comenzaron los talleres de “Persuasión de jurados” en Viedma, como parte de las capacitaciones de Juicio por Jurado dentro de la Reforma Procesal Penal incluidas en el Plan Anual de la Escuela de Capacitación Judicial. Se desarrollan durante tres días de 16 a 19 en el Colegio de Abogados.
Más de 60 magistrados y funcionarios judiciales de la Segunda Circunscripción participaron el miércoles de una exposición y encuentro de trabajo con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro para conocer detalles del funcionamiento de los dispositivos electrónicos como los botones antipánico y las tobilleras de control que implementó la provincia.