En su última reunión anual el Tribunal de Superintendencia General (TSG) de la Cuarta Circunscripción desarrolló un balance de lo realizado con un repaso por todas las decisiones que se adoptaron y se llevaron adelante durante este periodo.

Los integrantes del TSG presidido por la jueza Liliana Piccinini acordaron que todas las solicitudes y decisiones se realizarían digitalmente, a través de los correos electrónicos oficiales con firma digital y confirmación de lectura. Esta dinámica procedimental se diagramó con el objetivo de cumplir con los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que promueve la despapelización, busca reducir los plazos y optimizar los tiempos al momento de solicitar, cursar y adoptar decisiones administrativas.

Sobre la base de los datos informáticos se concluye que se efectivizaron 514 trámites durante la gestión del Tribunal de Superintendencia en el año 2017 en los que se incluyen las licencias otorgadas, solicitudes del personal, pases de personal, horas extras, subrogancias y nóminas del personal de guardia durante los recesos.

En la séptima y última reunión del Tribunal de Superintendencia, la jueza Liliana Piccinini enumeró además las cuestiones más importantes que se llevaron adelante en 2017.

Desde la Superintendencia se trabajó en forma coordinada con el STJ y con la Unidad de Implementación para la Reforma Procesal Penal que demandó un arduo trabajo previo para su entrada en vigencia el 1 de agosto.

Detalló que la Gerencia Administrativa gestionó las tareas del personal de mantenimiento colaborando con la readecuación del edificio del fuero penal, la mudanza de los organismos, entre ellos las fiscalías, el armado del mobiliario, los ajustes necesarios para el funcionamiento de la Oficina Judicial y, recientemente, el acondicionamiento de los espacios para el Cuerpo de Investigación Forense que cuenta con una mesa de entradas, dos consultorios y oficinas para los profesionales. En las cinco salas de audiencias se llevaron adelante algunos trabajos relacionados con la ventilación y la instalación de dispenser con provisión de agua. Se concretó el nuevo espacio para la Escuela de Capacitación Judicial con un aula que cuenta con equipo de videoconferencias, también disponible para las salas de audiencias 4 y 5 que funcionan en la panta baja del edificio del Foro de Jueces, sito en España 742.

En ese mismo inmueble, se reubicó el  Juzgado de Ejecución N°8 en la planta baja y ahora cuenta con su propia sala de audiencias y sistema de videograbación. Además se diagramó un protocolo que contribuye a la seguridad en el edificio sobre todo en lo que hace al traslado de detenidos a través de pasillos internos sin acceso público.

El Juez Marcelo Barrutia no hizo lugar a la impugnación presentada por el abogado de la familia del niño Gustavo Alvarado, Rodolfo Rodrigo  y confirmó la suspensión de juicio a prueba en relación a Miriam Prafil, a quien la Fiscalía le formulara cargos por Lesiones Culposas Gravísimas. Cabe señalar que oportunamente el Juez de Garantías Bernardo Campana hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba, luego de escuchar a la querella, la defensa y la fiscalía en audiencia oral y pública por el término de 18 meses, con cumplimiento de pautas de conducta, autoinhabilitación para conducir automóviles, una contribución económica de 100 mil pesos, la obligación de realizar tareas comunitarias y la obligación de realizar un curso de manejo de automóviles en una institución adecuada.

Comenzó este miércoles en la Ciudad Judicial de Roca la reunión anual del Fuero Penal convocada por el Superior Tribunal de Justicia para analizar los primeros resultados de la Reforma Procesal Penal, vigente desde agosto pasado.
La apertura de la reunión estuvo a cargo del Presidente del STJ, Dr. Ricardo Apcarián, quien definió el encuentro como el espacio ideal para volcar las experiencias procesadas por cada área de trabajo y exponer las inquietudes de los magistrados y las propuestas de mejora que cada estamento pueda aportar a la luz de los casi cinco meses de implementación del nuevo sistema. Por el Superior Tribunal también participan las juezas Adriana Zaratirgui y Liliana Piccinini, en cuyas presidencias de 2015 y 2016, respectivamente, comenzó a consolidarse la preparación de la reforma procesal.

Ante el juez de Garantías Julio Martínez Vivot se llevó a cabo este mediodía una nueva audiencia requerida por la defensa del imputado Octavio Gigli, quien se encuentra sometido a proceso como presunto autor del homicidio del ciudadano Guillermo Martínez. El hecho que se investiga ocurrió en Roca, en la vivienda del imputado, entre la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre de 2015.

El STJ, a través de sus representantes en la Comisión General Paritaria, presentó una propuesta integral de Convenio Colectivo de Trabajo para empleados judiciales.
La propuesta del STJ recoge algunas cuestiones ya acordadas en reuniones anteriores y otras que están en discusión con Sitrajur. Cuenta con 33 páginas y entre los capítulos del convenio se encuentran los diferentes escalafones y agrupaciones, régimen de licencias, régimen de ascensos, derechos y obligaciones, régimen de remuneraciones, entre otros.
La iniciativa se enmarca en la Ley N° 5009 de Paritarias. El convenio colectivo regula las condiciones de trabajo, en el marco de la relación de empleo entre el Poder Judicial como empleador y los trabajadores judiciales.
La propuesta es el resultado de más de un año de trabajo, periodo ene el cual se han analizado los diferentes aspectos de la relación de trabajo, en el contexto tecnológico actual y en el marco de los códigos de procedimiento vigentes y Ley Orgánica N° 5190 del Poder Judicial.
Se desprende del proyecto un doble objetivo: continuar avanzando hacia mejores condiciones laborales  para el empleado y, por otro lado, garantizar la eficiente prestación del servicio de justicia en concordancia con las necesidades y exigencias de la ciudadanía.
Tambien en el marco de las reuniones paritarias anteriores, el STJ ya acordó con Sitrajur otras mejoras. Por ejemplo, el agrupamiento de choferes, que ya se encuentra en plena vigencia, y el de porteros, cuyo concurso está en desarrollo.

Se llevó a cabo este martes la audiencia de formulación de cargos contra dos hombres, un oficial de Policía y un médico con funciones en Salud Pública, en el marco de una causa colateral a la investigación de un homicidio ocurrido en El Cuy en octubre de 2012.

Con la presidencia del titular del Consejo de la Magistratura y Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Dr. Ricardo Apcarián, sesionó hoy en San Carlos de Bariloche el Consejo de la Magistratura.

Al resolver la apelación de una amparista de Bariloche, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa privada de medicina prepaga que reincorpore a la mujer, a su esposo y a sus tres hijos "como beneficiarios de la cobertura médico asistencial, con la consecuente declaración de la vigencia del contrato de medicina prepaga" que la firma había rescindido de manera unilateral. Esa rescisión respondió, según la empresa, a un "falseamiento u omisión en la declaración jurada" de los afiliados respecto de una supuesta enfermedad preexistente de una de las niñas.

El Superior Tribunal de Justicia ordenó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que ponga a disposición de la Asociación Civil Árbol de Pie información pública referida a un expediente administrativo relacionado con una cervecería de la ciudad lacustre.

De esta forma, el máximo tribunal ratifica una línea jurisprudencial de afirmación del derecho ciudadano al acceso a la información.

La asociación civil se dirigió oportunamente al Municipio para solicitar el acceso al expediente de habilitación de una reconocida cervecería. Frente a lo que consideró una negativa a brindar información pública, se presentó ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería con asiento en Bariloche. El órgano se declaró incompetente al considerar que el tipo de presentación debe enmarcarse en una acción de mandamiento de ejecución.

El artículo 44 de la Constitución Provincial enmarca el mandamiento de ejecución: “Para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, puede demandar ante la justicia competente la ejecución inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y exige el cumplimiento inmediato del deber omitido”.

De esta manera, Árbol de Pié se presentó al STJ. El voto rector correspondió a la jueza Adriana Zaratiegui. En primer término, determinó que efectivamente debe ser considerado jurídicamente como un “mandamiento de ejecución” previsto por la Constitución.

Luego recordó que en sendas notas de agosto, septiembre u pctibre de este año, se requirió a la Subsecretaría de Gestión Urbana del Municipio de Bariloche “cuáles son las gestiones que debe realizar” la Asociación Civil “a fin de tomar vista y tomar fotocopias de los expedientes municipales aludidos”. La última petición se realizó “bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”. Finalmente la respuesta llegó en noviembre.

Para la jueza Adriana Zaratiegui, “en primer término corresponde señalar que el art. 7 de la ley B 1829 establece el libre acceso a las fuentes de información pública y expresa en su artículo 1 que los poderes públicos del Estado, sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa, brindarán toda aquella que se les requiera, de conformidad con los artículos 4 y 26 de la Constitución de la Provincia”.

Luego, recuerda que “este Tribunal ha expresado que la comunidad tiene derecho al acceso a la información pública, de tal modo que le permita ajustar su conducta a las razones resultantes de la misma, y siempre que el uso de ese derecho no afecte la armonía de los demás derechos constitucionales”.

Para el voto rector se verificó “una falta de diligencia con relación a la documentación que obra en la Subsecretaría Municipal referida a la Cervecería”. Por lo tanto, propone ordenar “a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche ponga a disposición de los representantes de la amparista en el plazo perentorio de cinco días hábiles el expediente administrativo (madre- antecedentes) relacionado con la Cervecería para consultarlo y fotocopiarlo”.

Por su parte, los jueces del STJ Sergio Barotto y Enrique Mansilla adhirieron a la solución propuesta por el voto rector, alcanzando la mayoría necesaria.

Ya está disponible para la ciudadanía el Digesto Digital con más 7200 normas. El desarrollo permite acceder a Acordadas y Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia desde el año 1959.
Este Digesto constituye la primera comunidad del Repositorio Institucional del Poder Judicial de Río Negro, implementado y gestionado por el Centro de Documentación Jurídica y el Centro de Planificación Estratégica.
Para acceder a las normas, es preciso ingresar a http://digesto.jusrionegro.gov.ar/
La puesta online a través de sistemas abiertos es posible luego de un trabajo sostenido que incluyó la digitalización e indexación de miles de normativas en papel.
El Proyecto del “Digesto de Acordadas y Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia” se aprobó por Acordada 3/2014. Tuvo varias etapas de implementación y ahora llega a una de sus fases principales, con la puesta online para el acceso público.
El acceso a la información pública se hace posible a partir de los repositorios institucionales que se sostienen en la filosofía de acceso abierto (open access) y código abierto (open source).
Un repositorio es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, facilitando el acceso al conocimiento a cualquier persona interesada.
La comunidad “Digesto de Acordadas y Resoluciones del STJ” cuenta con tres colecciones que reúnen las normas dictadas por el Superior Tribunal de Justicia desde el año 1959. Una colección reúne normas de alcance general vigentes; otra, normas de alcance general derogadas (Archivo Histórico) y una tercera colección agrupa las de alcance particular.
Para tener acceso a la información contenida en el Repositorio, se podrá utilizar la navegación o la búsqueda (simple y/o avanzada). Dicha información además de ser referencial, cuenta con el texto original y el actualizado -si así lo dispone el STJ- de la norma.
Hoy el Digesto de Acordadas y Resoluciones cuenta con más de siete mil normas incorporadas.
Para obtener información más detallada y aspectos técnicos, puede consultarse el documento “Repositorio Digital de Resoluciones y Acordadas: una experiencia replicable” publicado en el “XVI Simposio Argentino de Informática y Derecho (SID 2016) - JAIIO 45 (3 de febrero de 2016) http://45jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/SID-16.pdf