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Río Negro participó hoy de la vigésimo cuarta sesión del Consejo Consultivo de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que se desarrolló vía Zoom.
El 1 de septiembre a las 10 prestarán juramento como vocales del Superior Tribunal de Justicia Cecilia Criado y y Sergio Ceci.
El Poder Judicial diseñó un protocolo sanitario específico para el juicio por jurados que se desarrollará en Viedma desde el 6 de septiembre, en el que dos personas serán juzgadas por la muerte de un hombre en Sierra Grande.
La Cámara Laboral de Viedma hizo lugar a una demanda promovida por la Provincia de Río Negro y dispuso la exclusión de la tutela sindical que ampara a Alejandro Gatica en su condición de Secretario General de APEL (Asociación Personal de Empleados Legislativos Río Negro).
En la presentación, la Fiscalía de Estado expuso que iniciaban la demanda “a los fines de poder concluir con la tramitación del sumario administrativo que se le iniciara al dependiente de la Legislatura y poder así dictar, notificar y hacer efectivo el acto administrativo respectivo que disponga la sanción de exoneración del agente de las filas de la administración provincial”.
El estrés postraumático sufrido por una trabajadora como consecuencia de un robo con armas ocurrido en la empresa donde se desempeñaba, devino en una discapacidad laboral. Por ello, la ART Federación Patronal deberá brindar las prestaciones médicas y dinerarias establecidas en la ley de riesgo para el grado de incapacidad establecido.
Así lo dispuso un fallo de la Cámara Laboral Primera de Bariloche que tuvo en cuenta la pericia psiquiátrica realizada en la tramitación, la que dictaminó que la situación de la trabajadora resultó compatible con el trastorno mencionado, --estrés postraumático-, el que será crónico y que estuvo ligado además a un cuadro depresivo de moderada intensidad.
El padre y la madre se encuentran separados y en el Juzgado N°5 de Cipolletti iniciaron un expediente para determinar la modalidad del cuidado personal del niño. En ese contexto los informes del Equipo Interdisciplinario fueron reveladores de maltrato infantil.
El Tribunal de Impugnación confirmó la condena de 9 años de prisión contra un hombre del Alto Valle que cometió reiterados abusos sexuales en contra de su propia hija, cuando la niña tenía entre 12 y 13 años de edad.
Al rechazar el recurso de impugnación que había formulado la defensa, el TI confirmó todo lo decidido por los jueces del Tribunal de Juicio de Roca, quienes en abril pasado condenaron al hombre a 9 años de prisión como “culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su reiteración en el tiempo, contra una menor de 13 años de edad, doblemente agravados, por el vínculo y por la situación de convivencia preexistentes con la víctima”.
El Poder Judicial diseñó un protocolo sanitario específico para el juicio por jurados que se desarrollará en Roca del 23 al 27 de agosto, en el que dos personas serán juzgadas por la muerte de una niña de tres años, ocurrida en abril de 2020 en el establecimiento rural Las Mochas de Los Menucos. El protocolo ya fue aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia, tras verificarse que cumple con todas las recomendaciones de bioseguridad relativas a la pandemia de Covid 19.
Un fallo de primera instancia ordenó un resarcimiento por daño moral y punitivo a una persona de Viedma que había suscripto un plan de ahorro previo con débito automático, no le descontaban la cuota, la tenía que pedir en la concesionaria para abonarla y luego le decían que no había pagado en término.
El hombre suscribió un contrato con Chevrolet S.A. en adhesión un plan de ahorro para adquirir un vehículo Cobalt LT 1.8N MT. En ese momento, como estaba la opción, solicitó que las cuotas le sean debitadas de la tarjeta VISA.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular del médico Leandro Javier Rodríguez Lastra, condenado en Cipolletti por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fallo desestimó la existencia de arbitrariedad u otra cuestión federal que ameritara la excepcional intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consideró que las cuestiones planteadas por la defensa ya fueron resueltas por el Tribunal de Juicio y por el Tribunal de Impugnación.