Una empresa de Cipolletti fue intimada a indemnizar al comprador de un departamento que esperó más de dos años para que se lo entregaran. En el contrato de compraventa se había establecido una cláusula ante posibles demoras. El cliente hizo el reclamo judicial y obtuvo una compensación cercana al millón de pesos.

Un hombre de Roca que negó la paternidad de sus hijas por 15 años fue condenado a indemnizar a las adolescentes y a la madre con más de 12 millones de pesos por el daño moral y material que les causó. La sentencia destacó los estereotipos de género y las diversas discriminaciones que sufrieron las tres desde el momento mismo del embarazo y las graves secuelas que padecen por la negación histórica de muchos de sus derechos fundamentales.

La jueza Civil de Roca que dictó la sentencia necesitó tres páginas completas para enumerar las vulneraciones de derechos que sufrió cada una. Esos derechos están reconocidos en tratados internacionales que, en nuestro país, tienen jerarquía constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-, la Declaración sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras.

Era el año 2000. La mujer tenía 19 cuando quedó embarazada de mellizas. Su relación con el hombre, que por entonces tenía 21, terminó cuando ella le dio la noticia. Con ayuda de vecinos e incluso de familiares de él, la joven llevó adelante un embarazo riesgoso y las niñas nacieron prematuras. Por aquellas complicaciones, una de ellas resultó con una severa discapacidad.

En 2013 una de las hijas quiso vincularse con su papá. Ante la falta de reconocimiento voluntario, la madre inició una demanda de filiación y el ADN confirmó la paternidad. Sin embargo, aquel cambio de apellido y la sentencia que lo conminó a ejercer una crianza responsable no alcanzó para forjar un vínculo familiar.

A partir de la filiación las hijas comenzaron a visitar al padre. Pero al no encontrar el acercamiento que necesitaban, dejaron de ir. Él admitió que tampoco las buscó, “porque no tiene contacto con la madre” y dijo que en la actualidad “no las ve porque está trabajando”. Una pericia psicológica reveló, sobre el vínculo con las hijas, que “mantiene una actitud pasiva” y que no tiene “una incorporación real de las niñas dentro de su imagen familiar”.

El padre, en el juicio civil, dijo haber tenido “una relación ocasional” con la madre y que “no supo de la existencia” de las hijas hasta el 2013. Sin embargo, se probó que en el reducido contexto barrial donde ambos vivían, e incluso en la propia familia del hombre, su paternidad era conocida.

Estereotipos

La jueza Andrea de la Iglesia analizó los estereotipos que, discriminatoriamente, imponen roles diferenciados a hombres y a mujeres, especialmente con respecto a la sexualidad y la crianza de los hijos.

“El embarazo en adolescentes perpetúa estereotipos sexuales” y la idea de que “las formas aceptables de sexualidad femenina” se reservan para las relaciones estables, el matrimonio o la familia. “Romper tal mandato es asociado a una actitud de rebeldía, de desobediencia; se espera que la adolescente embarazada sienta vergüenza ya que el embarazo es la prueba de haber tenido relaciones sexuales y significa perder el honor y el respeto que se debe al padre, a la familia y a la comunidad”, sostuvo. Y en ese marco explicó el “silencio” y el “tabú” que a lo largo de tantos años condicionaron a la madre.

Con respecto al padre, valoró que “la negación y evasión ante el embarazo conocido por él importó un acto discriminatorio” hacia la mujer, “por desconocimiento de su persona, de sus derechos y libertades, de su dignidad, de su integridad física y psíquica, marginándola, negándose a un reparto equitativo de las responsabilidades e importando un acto de violencia psicológica, simbólica, económica, y generando por ende un daño antijurídico que deberá ser resarcido”.

En el caso de las hijas, aquella conducta “también importó un acto discriminatorio al desconocerlas en tal etapa como personas por nacer, sus derechos, sus dignidades, sus integridades físicas y psíquicas, y a la postre de sus identidades; generó un daño antijurídico y deberá ser resarcido”.

Resarcimiento

El fallo fijó para la madre una indemnización de 264.000 pesos (más los intereses acumulados desde el año 2000) por gastos propios de la crianza y manutención de las hijas que afrontó en soledad, más una indemnización de 2 millones de pesos (más intereses) por el daño moral, que quedó acreditado especialmente con una pericia psicológica.

En tanto que para las hijas, la indemnización por daño moral fue de 4 millones de pesos para una y de 6 millones de pesos para la otra, al entender que sufrió una discriminación agravada del padre por su discapacidad.

La titular del servicio de Tocoginecología del hospital de Cipolletti fue autorizada a realizar el procedimiento necesario para salvarle la vida a un bebé con riesgo fetal. Ni la madre ni el padre querían permitir la cesárea a pesar de que el cuadro era complicado. De madrugada, la médica interpuso un recurso por WhatsApp al juzgado de Familia y el niño nació en buen estado de salud.

El Consejo de la Magistratura de Bariloche eligió hoy a Víctor Gangarrosa como juez de Garantías y a Natalia Araya como defensora del fuero Penal.

Por unanimidad, un Tribunal de Juicio de Roca declaró culpable a un hombre de 40 años por el homicidio culposo agravado de un niño de 7, a quien embistió con su motocicleta mientras conducía a alta velocidad por una zona semirural de Villa Regina. El Tribunal, integrado por las juezas Verónica Rodríguez -quien hoy leyó la sentencia- y María Gadano y por el juez Emilio Stadler, coincidió en declarar al conductor de la moto autor penalmente responsable del delito de “homicidio culposo agravado por el uso de un vehículo con motor, con culpa temeraria por exceso de velocidad de más de 30 km. por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho”.

El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción abrió la inscripción al concurso público de oposición y antecedentes para cubrir la Fiscalía Adjunta de Choele Choel. El cargo quedará vacante cuando su actual titular, Analía Álvarez, asuma como Fiscal del Caso de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, tras haber sido designada para ese puesto en la última sesión del Consejo.

Un fallo judicial confirmó la multa de 50.000 pesos que la Agencia de Recaudación Tributaria provincial había impuesto a un supermercado de Choele Choel, en uso de sus facultades como autoridad de aplicación de las normas de Defensa del Consumidor y especialmente de sus propias normas de emergencia por la pandemia de Coronavirus aplicables al sector comercial.

Hoy se presentó el proyecto del Complejo Judicial de El Bolsón, en un acto que encabezaron el intendente de la ciudad, Bruno Pagliano, el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarián y el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Rudolph.

A raíz de un siniestro laboral que tuvo origen en una carga exagerada de tareas, una joven mujer que se desempeñó como mucama de un hostel quedó con una limitación funcional superior al 50 por ciento. 

Una mujer padeció un traumatismo en su mano derecha como consecuencia del funcionamiento defectuoso de una máquina para fabricar milanesas. Como no estaba registrada ni contaba con un seguro de riesgos del trabajo tuvo que afrontar los tratamientos de forma independiente. Luego promovió un juicio y la Cámara Laboral de Cipolletti ordenó una indemnización que supera el millón de pesos.